El asunto judicial
Era necesario aclarar el incidente y establecer responsabilidades. Primero se interpuso una causa penal ante el magistrado local, la “Administración de Paracotos”, donde se había producido el siniestro e inmediatamente después en el juzgado de Los Teques, en el estado Miranda, estado cercano a la capital, que confirmó la sentencia, agregando, según el art. 206, párrafo 4 del Código Penal, que “el caso estaba terminado, ya que parecía haber indicios de culpabilidad en las propias víctimas”. El resultado fue que los tribunales declararon que no existían elementos para un caso de este tipo, es decir, de carácter penal; alegaron que la investigación había terminado y no se pronunciaron sobre responsabilidad. Hubo muchas dudas sobre esta frase.Por un lado se pensó que las investigaciones ya habían establecido las responsabilidades y por lo tanto se podía proceder con un juicio civil; por otro lado se sospechaba que el dueño del camión había depositado miles de bolívares para ocultar algunos hechos, que serán discutidos más adelante, previo al accidente. La sentencia no parecía atribuir la causa del accidente a nadie y, de hecho, parecía afirmar que las víctimas compartían la responsabilidad.La sentencia no parecía atribuir a nadie la causa del accidente y, de hecho, parecía afirmar que las víctimas compartían la responsabilidad.La sentencia no parecía atribuir la causa del accidente a nadie y, de hecho, parecía afirmar que las víctimas compartían la responsabilidad.
El padre Ademar, nuevo director de la obra en Barquisimeto con el abogado Aníbal Machado, amigo del padre Italo, fue a Caracas para hablar con el juez de Los Teques. Se les dijo que el tiempo para entablar una demanda civil se había agotado, ya que debería haberse hecho al mismo tiempo que el penal. A esto, el abogado, contratado por la congregación, objetó que según la Ley de Tránsito, artículo 26, el caso civil podría iniciarse en un plazo de 12 meses. Los dos, sin embargo, tenían la impresión de que los magistrados pretendían asustarlos y confundirlos. Pidieron ver los Hechos, pero no les fue concedido. Estaba claro que si los tribunales no asignaban responsabilidad a las personas,la causa del accidente tuvo que buscarse en la negligencia tanto del propietario como del conductor al no tener el vehículo reparado, al llevar una carga con sobrepeso, a la falla de los frenos y al cambio al carril opuesto. Amigos de la Ópera de Caracas los animaron a continuar con el caso.
No obstante, de acuerdo con la citada Ley de Tránsito, si no existe responsabilidad penal, puede existir responsabilidad civil, que recae sobre el propietario del vehículo y sobre el conductor. El dueño era el Sr. Miguel Armas Castaà ± eda, originario de Canarias y conocido como â € œel rey de las patatasâ €. Poseía varias plantaciones y una flota de camiones. Por tanto, tenía que ser una persona solvente y su empresa asegurada.
Al principio la Congregación pretendía resolver el asunto con un acuerdo entre las partes, es decir, una compensación monetaria pactada, destinada al beneficio del trabajo de la congregación, “los centros HONIM y Pequeño Cotolengo” ?? de Barquisimeto. Señor. Armas Castañeda inicialmente no aceptó esta propuesta; sin embargo, como se verá, él mismo lo propuso más tarde, cuando existían serias posibilidades de perder el caso y éste era el resultado final de todo el asunto.
Luego se procedió a una demanda civil. Inicialmente, también por consejo de un abogado italiano (el abogado Riccardo Conti), los demandantes eran la Ópera Piccola junto a familiares de Don Masiero y Don Riva, dos hermanos de estos y el hermano, Valentino, de Don Masiero. La congregación había perdido a dos miembros importantes, el accidente provocó daños morales y materiales [6], tanto a la congregación como a las familias. Debían establecerse responsabilidades y obtenerse reparaciones, si se juzgaba correcto. El poder fue encomendado a la abogada María Luisa Castaldo, de la Compañía “Seguros Adriatica”. en Venezuela. En su opinión, había buenas perspectivas de éxito. Sin embargo, en caso de pérdida, solo solicitó el costo de los trabajos y las traducciones; en caso de victoria, 30% de la indemnización.
En primer lugar, era necesario asegurarse de que el propietario era solvente y no había traspasado la propiedad de la empresa a otros, hecho no infrecuente en este tipo de situaciones. Se alega que el propietario, el 16 de enero de 1992, transfirió la propiedad de catorce de sus camiones, incluido el involucrado en el accidente, a otras firmas no registradas. Además, se sospechaba que la sede de su empresa tampoco estaba registrada a su nombre. Lo mismo se dijo de los seguros.
Otra decisión a tomar fue si llevar la demanda en Caracas o en Barquisimeto, el lugar de residencia de su padre Italo y el joven Rafael y donde los otros dos ya habían sido invitados. Barquisimeto fue un entorno más propicio para un resultado positivo, ya que los Padres eran conocidos y la justicia era más rápida y menos corrupta. También se sugirió separar las causas y proceder con la del P. Italo, cuyo juicio positivo habría favorecido el feliz desenlace de lo siguiente. De hecho, así se hizo, aunque la causa de Don Masiero y Don Riva, celebrada en Caracas, precedió a la de Don Italo y Rafael, celebrada en Barquisimeto, por unas pocas semanas, hacia fines de 1993.
Un obstáculo más se debió a que quienes habían iniciado la acción, principalmente familiares, no tenían residencia en el país: en este caso la ley exige un depósito para asegurar la cobertura de los gastos judiciales; Los abogados de la Ópera estaban tratando de encontrar una alternativa, por ejemplo una garantía, una promesa formal. Posteriormente, el abogado en Venezuela advirtió que “una posibilidad para solucionar el problema de la posible fianza sería la cesión de los derechos por parte de los hermanos de Riva y Masiero y de la congregación a favor del Piccolo Cottolengo radicado en Barquisimeto”. . Esto de hecho se implementó, con escritura firmada “Asociación Civil Hogar de Niños Impedidos Don Orione”, aunque, como se verá más adelante,esto provocó una fuerte objeción por parte de los defensores de los acusados.
Respecto a la indemnización solicitada, la defensa señaló que “los hermanos de Riva y Masiero no convivían con el fallecido, no recibían de ellos ningún beneficio monetario, por lo que no tenían derecho al daño material: solo el derecho a la moral. daà ± oâ € ??.
En este punto del procedimiento se dijo que, según la ley, el conductor era el principal responsable de los daños y la indemnización; pero era un insolvente. Por lo tanto, toda la responsabilidad tuvo que transferirse al propietario: pero incluso aquí hubo problemas. Algunos de los testigos que pudieron afirmar la actitud negligente del propietario con respecto a la seguridad de sus vehículos, camiones, etc. seguían siendo sus empleados. Sin embargo, hubo un aspecto positivo: la viuda del conductor (parece que murió como consecuencia del accidente) estaba dispuesta a cooperar, al igual que el hijo, que estaba al tanto de todo, es decir, del estado defectuoso del vehículo, etc. .
Ante esta situación, la abogada María S. Castaldo admitió que el caso era más complejo de lo esperado y que no había podido encontrar "personas adecuadas" en Barquisimeto. interesado en hacerse cargo del caso, que encomendó al padre Ademar.
La propia acción judicial en Caracas se inició a fines de octubre de 1993. De inmediato, la defensa obtuvo una sentencia de que el caso había caducado el 11 de febrero anterior, fecha en la que se cumplió el plazo para la recolección de pruebas. También objetaron, como se mencionó anteriormente, el hecho de que los proponentes de la acción ya no eran miembros de la familia y la congregación, sino el Pequeño Cottolengo.
A estos y otros puntos de controversia, el abogado representante de la Ópera respondió en detalle y con pruebas en la mano. La sustitución de los proponentes no fue ilegal, como lo permitía el artículo 155 del Código de Procedimiento Civil; además, se había hecho de la forma correcta, ante notario público acreditado y en el momento oportuno, es decir, el 19 de octubre de 1992. Además, el nuevo proponente, que es el Piccolo Cottolengo, tenía todas las credenciales para proponer la acción. A estos, el co-accionista, que es Piccola Opera, les había cedido todos los derechos, acciones y obligaciones que tenía. Los familiares de las víctimas habían hecho lo propio con un único documento autenticado ante el Cónsul de Venezuela en Milán y luego transmitido al Notario Público de Barquisimeto. La transmisión de derechos, acciones, etc.estaba en perfecta consonancia con los diversos artículos pertinentes del Código Civil.
Pasamos a la segunda excepción, relativa al plazo de prescripción de la causa, que ahora, según la defensa, ya no vencía el 11 de febrero sino dieciocho días, ya que la acción se había tomado el 13 de noviembre de 1993. La acción fue tomada el 13 de noviembre de 1993. El abogado acreditó fácilmente que los documentos, debidamente registrados, habían sido presentados el 21 de octubre anterior, por lo tanto dentro del plazo establecido.
Además, las objeciones de la defensa fueron presentadas de manera confusa, genérica e indiscriminada, mientras que el reglamento del Procedimiento exigía que las objeciones se hicieran con la mayor claridad, de manera expresa y concisa, distinguiendo los hechos objetados de los admitidos. Parece que la compañía de seguros de los demandados, Seguros Anauco CA, no había limitado su responsabilidad a los resultados del juicio, pero estaba dispuesta a compensar todas las solicitudes de los clientes. Así, los alumnos podrían compensar a los heridos.
Llegó al punto más extraño disputado por los acusados: en su Scritto di Contesta, afirmaron que la culpa del accidente se debió a la “prudencia de los conductores”. de los dos coches. Esta objeción surgió en parte de la sentencia del caso penal, arriba, que no había asignado responsabilidad a ninguna de las partes. Además, el artículo 21 de la Ley de Tránsito Terrestre. dice: “En caso de colisión vehicular se asume, salvo evidencia en contrario, que los conductores tienen la misma responsabilidad por los daños causados.
Sin embargo, el abogado Castaldo observó que si bien el Juez de lo Penal no se había pronunciado sobre la responsabilidad de uno o todos los conductores involucrados en el fatal accidente, esto no significaba que el conductor del camión estuviera exento de culpa. Luego, el abogado continuó su acusación describiendo en detalle el lugar, la forma y el momento del accidente. El lugar era el km 4 de la “Autopista Rà © gional del Centro”, tramo Caracas - Valencia, al inicio de la subida del Tazòn, en el puente sobre Imau. La superficie de la carretera estaba asfaltada y seca; obviamente, siendo alrededor de las 11 de la noche, estaba oscuro. De las huellas dejadas en la superficie y de la dirección de la carga caída se veía que el camión, un Pegaso con matrícula 770-MAN, impedía la salida de Valencia y se desplazaba en dirección a Caracas;desde el carril central de la calzada va "abruptamente" ?? hacia el muro central, choca con él, irrumpe en el carril opuesto y choca primero con el Fiat Uno que viaja por el carril más rápido, y luego con el taxi, un Dodge, placa ALQUILER 138-453, empujándolo desde el carril central y haciéndolo caer al barranco; finalmente el camión se derrama sobre la carretera, bloqueándola.
De un comunicado de un funcionario, Josà © Jesús Trujillo, frente al juzgado de lo penal se supo que â € œEl accidente habÃa ocurrido en una curva, que habÃa poca visibilidad y mucha oscuridadâ €.
Sobre este punto, mediante testigos, la acusación corrigió que se trataba de una curva "suave", el cielo estaba despejado y la visibilidad normal por una noche, el camino seco y bien asfaltado. Incluso los periódicos, en el momento del accidente (los periodistas fueron de los primeros en acudir al lugar de los hechos) habían notado estos detalles.
Además de los frenos defectuosos, el camión llevaba una carga excesiva: según un colega del conductor, un tal Rafael Torrealba, el camión transportaba 600 sacos de patatas, cada uno con un peso de unos 60 kg. Hablando de los frenos, hubo otra gran dificultad para demostrar que eran imperfectos. La defensa presentó una factura emitida por una firma, Frenos Eléctricos, “Superfren C.A”, que decía que los frenos habían sido revisados recientemente. Pero no se trataba de frenos convencionales, es decir que actúan sobre las ruedas, sino de un sistema que frena el motor en caso de una bajada. Además, un testigo manifestó que el hijo del conductor le había confiado que su padre, al igual que otros conductores, conocía el estado de los frenos y tenía la intención, una vez que llegara a Caracas, de que se los arreglaran. Además, incluso los neumáticos tuvieron que cambiarse, de hecho,según un testigo, el propietario, Miguel Armas Castañeda y su hermano Benigno, habían obligado al conductor a realizar el trayecto, el último para él.
Evidentemente, como ya se informó en la prensa, el conductor había perdido el control del vehículo cuando los frenos no respondieron y la sobrecarga agravó la situación. Por tanto, la afirmación de los tribunales penales de que parecía no tener en cuenta el estado de los frenos era totalmente infundada.
Un último aspecto desafortunado del caso fue determinar el lucro cesante. La defensa argumentó que la ganancia perdida era una cantidad "leve". La acusación se dispuso a demostrar que, siendo el superior general y el otro el ecónomo general, su función dentro de la congregación era comparable a la de presidente de una empresa o empresa internacional. La Obra pequeña tiene casas e instituciones en casi todos los continentes, atendiendo a miles y miles de personas, alumnos, enfermos, ancianos, pobres, etc. Los imputados, representados por el Dr. Omar García Valentiner, se vieron obligados a admitir la veracidad de este estado de cosas y que el beneficio anual derivado del trabajo de los dos sacerdotes a favor de los pobres, discapacitados y asistidos fue cercano a los $ 500.000,00. También hubo daño moral,ya que los dos fallecidos dieron impulso a la obra en todos sus aspectos en diversas partes del mundo y en la propia Venezuela. Ahora, además, había que buscar un nuevo superior y un nuevo ecónomo, con todo el gasto, el tiempo y el esfuerzo que suponía un nuevo capítulo general. De hecho, se testificó, la función del general era promover, estimular e iniciar obras de carácter social y religioso en todo el mundo, para tomar decisiones sobre nuevas obras. Lo mismo se aplica al oficio de Don Angelo Riva. Se señaló que un sucesor de Don Masiero habría tenido una formación equivalente y, por tanto, larga y costosa; de hecho, Don Masiero tenía habilidades poco comunes, conocía bien muchos idiomas, como inglés, francés y español, además del italiano. Como un jefe de cualquier negocio,el general debe tener habilidades intelectuales superiores, poco comunes, adquiridas con muchos años de práctica en responsabilidades como provincial, a un costo de $ 25,000 al mes.
Nuevamente, la defensa intentó otra estrategia, afirmando que los empleados de Fiat Uno estaban cansados, ya que habían salido del aeropuerto a última hora de la tarde, subiendo a la ciudad y transitando por un camino desconocido para ellos; mientras que si hubiera sido un conductor descansado, familiarizado con la carretera, podría haber evitado la colisión. Se respondió que el camión no solo chocó y aplastó al Fiat Uno sino también al taxi que conducía un ciudadano venezolano, experto en el arte de conducir, que conocía muy bien el camino: la trágica verdad era que hasta un taxista había perdió la vida, porque el camión había golpeado los dos coches como "un rayo, con tanta violencia que era imposible escapar".
Por otro lado, los dos, Don Masiero y Don Riva también eran conductores competentes, habían estado al volante en varios países del mundo, tenían carnet de conducir internacional y ya habían viajado varias veces por las carreteras venezolanas, incluso alrededor de Barquisimeto y, después de todo, esa noche no conducían.
El abogado concluyó su acusación citando el artículo 42 del Código Civil de Venezuela que dice, entre otras cosas, “en los casos en que no exista una disposición específica de la ley, las disposiciones que regulen casos similares”. y lo aplicó a una congregación religiosa equiparándolo a la Familia Natural. Un religioso, a través de los votos evangélicos, se convierte en miembro de esa familia y su actividad espiritual, intelectual y material es en beneficio de los cohermanos; su pérdida, como la de un padre de familia, causa graves daños a los miembros.
Por lo tanto, es correcto pedir una indemnización adecuada: al afirmar que el código civil venezolano es similar al italiano, por lo que un tribunal de Turín había decidido que una entidad religiosa como persona jurídica podía pedir una indemnización, finalizó diciendo que el mismo principio podría y debería haberse aplicado en este caso.
A pesar de la evidencia de culpabilidad o al menos de negligencia grave por parte de la empresa, el tribunal encontró difícil pronunciarse sobre la culpabilidad. Así, el 20 de diciembre de 1994, el dueño de la empresa, Miguel Armas Castañeda, fue atendido “en este acto”. por el dr. Nepotali Gutierrez Gutierrez, presentado al juzgado “Civil, Mercantil y del Tránsito” ?? del área metropolitana de Caracas un escrito en respuesta a la sentencia dictada el 27 de octubre de 1993 por el mismo Juzgado y la celebrada en Barquisimeto el 30 de noviembre de 1993 en la que se recomendaba un acuerdo entre las dos partes.
Se propuso poner fin a los dos juicios civiles, el de Caracas por la muerte de Don Masiero y Don Riva, y el de Barquisimeto por la muerte de Don Italo Saran y el joven Rafael. Si se aceptaba la propuesta, los demandados, con la intención de poner fin a ambos casos, ofrecían a los demandantes la suma de catorce millones de bolívares, como indemnización única e irrepetible por todas las denuncias. Los demandantes "declaran aceptar la suma ofrecida y recibirla con esta misma escritura en forma de tres cheques bancarios a favor de la" Asociación Civil Cottolengo Don Orione ".
Con la implementación de este acuerdo, los demandados y los demandantes declaran que no habrá más denuncias por uno o todos los hechos narrados en el “Libelo de Demanda”, y los vehículos incautados serán devueltos al propietario. Los imputados y los demandantes también se comprometen a renunciar a cualquier derecho o acción, civil o penal, que pudiera derivarse de los juicios o denuncias hasta el momento interpuestos. Finalmente, las dos partes acuerdan que cada una correrá con los gastos en que incurra en el caso así como con los honorarios de sus respectivos representantes legales.
La firma del convenio del 20 de diciembre de 1994 fue comunicada al superior general por el provincial de España, de quien dependen las obras orioninas de Venezuela, P. Fermín Fernnadez, en carta del 25 de enero de 1995. Dice, entre otros cosas: â € œEsto no es lo que esperábamos, pero dado el estado de la ley en Venezuela, era mejor cerrar, porque si el propietario se declaraba insolvente, la acción legal durarÃa otros cinco o seis aà ± os, nosotros mismos si hubieran sido cuestionados por haber solicitado la incautación de algunos camiones ya vendidos ilegalmente a otras empresas, los honorarios de los abogados habrían sido sustanciales y el único resultado habría sido una prisión de corta duración para el propietario; no habría habido compensación pecuniaria ”.
Además, prosiguió la carta, se había probado la total inocencia de los padres, que era lo más importante. “Aceptamos entonces la oferta de catorce millones de bolívares, de los cuales poco más de dos y medio fueron para los abogados de Caracas y Barquisimeto”. 170 bolívares corresponden (en 1995) a un dólar estadounidense. Don Roberto Simionato comunicó la noticia a los familiares de los padres, señalando que, luego de descontar la suma para los abogados, la congregación se quedó en 11.286,00 bs, aproximadamente 106.221.174 liras. —Claro —observó— que esta suma no compensará en lo más mínimo la pérdida irreparable del queridísimo don Giuseppe (Masiero), don Angelo (Riva) don Italo (Saran) y Rafael Villanueva. Destinar la mencionada suma al Piccolo Cottolengo de Barquisimeto y al Hogar Niños Impedidos,Creo que es una forma más de honrar la memoria de los queridos Don Giuseppe y Don Angelo que dieron su vida en Venezuela ”.
[1] Fundada en el siglo XVI, la capital del estado Lara, con 1.200.000 habitantes, se encuentra a 363 kilómetros al oeste de Caracas y es la cuarta ciudad más poblada de Venezuela.
[2] Fue el quinto sucesor de Don Orione, fue elegido general el 13 de mayo de 1987.
[3] Nacido en Inverigo, provincia de Como, el 6 de octubre de 1931, obtuvo el título de maestro y cursó estudios teológicos en la Universidad de Letrán. Ordenado sacerdote el 18 de abril de 1960, fue elegido tesorero general de la obra en 1981, cargo renovado en el capítulo de 1987.
[4] Nació en Milán, murió en Caracas en 1991, a los 58 años, 39 de profesión y 11 de sacerdocio.
[5] Nació en Barquisimeto, murió en Caracas en 1991, a los 24 años de edad; él y toda su familia eran muy cercanos y partidarios de la obra orionina en sus inicios en Venezuela.
[6] Por ejemplo, el costo de un nuevo capítulo general.
