El asunto judicial
Era necesario aclarar el incidente y establecer
responsabilidades. Primero se interpuso una causa penal ante el magistrado
local, la “Administración de Paracotos”, donde se había producido el siniestro
e inmediatamente después en el juzgado de Los Teques, en el estado Miranda,
estado cercano a la capital, que confirmó la sentencia, agregando, según el
art. 206, párrafo 4 del Código Penal, que “el caso estaba terminado, ya que
parecía haber indicios de culpabilidad en las propias víctimas”. El resultado
fue que los tribunales declararon que no existían elementos para un caso de
este tipo, es decir, de carácter penal; alegaron que la investigación había
terminado y no se pronunciaron sobre responsabilidad. Hubo muchas dudas sobre
esta frase.Por un lado se pensó que las investigaciones ya habían establecido
las responsabilidades y por lo tanto se podía proceder con un juicio civil; por
otro lado se sospechaba que el dueño del camión había depositado miles de
bolívares para ocultar algunos hechos, que serán discutidos más adelante,
previo al accidente. La sentencia no parecía atribuir la causa del accidente a
nadie y, de hecho, parecía afirmar que las víctimas compartían la responsabilidad.La
sentencia no parecía atribuir a nadie la causa del accidente y, de hecho,
parecía afirmar que las víctimas compartían la responsabilidad.La sentencia no
parecía atribuir la causa del accidente a nadie y, de hecho, parecía afirmar
que las víctimas compartían la responsabilidad.
El padre Ademar, nuevo director de la obra en
Barquisimeto con el abogado Aníbal Machado, amigo del padre Italo, fue a
Caracas para hablar con el juez de Los Teques. Se les dijo que el tiempo para
entablar una demanda civil se había agotado, ya que debería haberse hecho al
mismo tiempo que el penal. A esto, el abogado, contratado por la congregación,
objetó que según la Ley de Tránsito, artículo 26, el caso civil podría
iniciarse en un plazo de 12 meses. Los dos, sin embargo, tenían la impresión de
que los magistrados pretendían asustarlos y confundirlos. Pidieron ver los
Hechos, pero no les fue concedido. Estaba claro que si los tribunales no
asignaban responsabilidad a las personas,la causa del accidente tuvo que buscarse
en la negligencia tanto del propietario como del conductor al no tener el
vehículo reparado, al llevar una carga con sobrepeso, a la falla de los frenos
y al cambio al carril opuesto. Amigos de la Ópera de Caracas los animaron a
continuar con el caso.
No obstante, de acuerdo con la citada Ley de
Tránsito, si no existe responsabilidad penal, puede existir responsabilidad
civil, que recae sobre el propietario del vehículo y sobre el conductor. El
dueño era el Sr. Miguel Armas Castaà ± eda, originario de Canarias y conocido
como â € œel rey de las patatasâ €. Poseía varias plantaciones y una flota de
camiones. Por tanto, tenía que ser una persona solvente y su empresa asegurada.
Al principio la Congregación pretendía resolver
el asunto con un acuerdo entre las partes, es decir, una compensación monetaria
pactada, destinada al beneficio del trabajo de la congregación, “los centros
HONIM y Pequeño Cotolengo” ?? de Barquisimeto. Señor. Armas Castañeda
inicialmente no aceptó esta propuesta; sin embargo, como se verá, él mismo lo
propuso más tarde, cuando existían serias posibilidades de perder el caso y
éste era el resultado final de todo el asunto.
Luego se procedió a una demanda civil.
Inicialmente, también por consejo de un abogado italiano (el abogado Riccardo
Conti), los demandantes eran la Ópera Piccola junto a familiares de Don Masiero
y Don Riva, dos hermanos de estos y el hermano, Valentino, de Don Masiero. La
congregación había perdido a dos miembros importantes, el accidente provocó
daños morales y materiales [6], tanto a la congregación como a las familias.
Debían establecerse responsabilidades y obtenerse reparaciones, si se juzgaba
correcto. El poder fue encomendado a la abogada María Luisa Castaldo, de la
Compañía “Seguros Adriatica”. en Venezuela. En su opinión, había buenas
perspectivas de éxito. Sin embargo, en caso de pérdida, solo solicitó el costo
de los trabajos y las traducciones; en caso de victoria, 30% de la
indemnización.
En primer lugar, era necesario asegurarse de
que el propietario era solvente y no había traspasado la propiedad de la
empresa a otros, hecho no infrecuente en este tipo de situaciones. Se alega que
el propietario, el 16 de enero de 1992, transfirió la propiedad de catorce de
sus camiones, incluido el involucrado en el accidente, a otras firmas no
registradas. Además, se sospechaba que la sede de su empresa tampoco estaba
registrada a su nombre. Lo mismo se dijo de los seguros.
Otra decisión a tomar fue si llevar la demanda
en Caracas o en Barquisimeto, el lugar de residencia de su padre Italo y el
joven Rafael y donde los otros dos ya habían sido invitados. Barquisimeto fue
un entorno más propicio para un resultado positivo, ya que los Padres eran
conocidos y la justicia era más rápida y menos corrupta. También se sugirió
separar las causas y proceder con la del P. Italo, cuyo juicio positivo habría
favorecido el feliz desenlace de lo siguiente. De hecho, así se hizo, aunque la
causa de Don Masiero y Don Riva, celebrada en Caracas, precedió a la de Don
Italo y Rafael, celebrada en Barquisimeto, por unas pocas semanas, hacia fines
de 1993.
Un obstáculo más se debió a que quienes habían
iniciado la acción, principalmente familiares, no tenían residencia en el país:
en este caso la ley exige un depósito para asegurar la cobertura de los gastos
judiciales; Los abogados de la Ópera estaban tratando de encontrar una
alternativa, por ejemplo una garantía, una promesa formal. Posteriormente, el
abogado en Venezuela advirtió que “una posibilidad para solucionar el problema
de la posible fianza sería la cesión de los derechos por parte de los hermanos
de Riva y Masiero y de la congregación a favor del Piccolo Cottolengo radicado
en Barquisimeto”. . Esto de hecho se implementó, con escritura firmada
“Asociación Civil Hogar de Niños Impedidos Don Orione”, aunque, como se verá
más adelante,esto provocó una fuerte objeción por parte de los defensores de
los acusados.
Respecto a la indemnización solicitada, la
defensa señaló que “los hermanos de Riva y Masiero no convivían con el
fallecido, no recibían de ellos ningún beneficio monetario, por lo que no
tenían derecho al daño material: solo el derecho a la moral. daà ± oâ € ??.
En este punto del procedimiento se dijo que,
según la ley, el conductor era el principal responsable de los daños y la
indemnización; pero era un insolvente. Por lo tanto, toda la responsabilidad
tuvo que transferirse al propietario: pero incluso aquí hubo problemas. Algunos
de los testigos que pudieron afirmar la actitud negligente del propietario con
respecto a la seguridad de sus vehículos, camiones, etc. seguían siendo sus
empleados. Sin embargo, hubo un aspecto positivo: la viuda del conductor
(parece que murió como consecuencia del accidente) estaba dispuesta a cooperar,
al igual que el hijo, que estaba al tanto de todo, es decir, del estado
defectuoso del vehículo, etc. .
Ante esta situación, la abogada María S.
Castaldo admitió que el caso era más complejo de lo esperado y que no había
podido encontrar "personas adecuadas" en Barquisimeto. interesado en
hacerse cargo del caso, que encomendó al padre Ademar.
La propia acción judicial en Caracas se inició
a fines de octubre de 1993. De inmediato, la defensa obtuvo una sentencia de
que el caso había caducado el 11 de febrero anterior, fecha en la que se
cumplió el plazo para la recolección de pruebas. También objetaron, como se
mencionó anteriormente, el hecho de que los proponentes de la acción ya no eran
miembros de la familia y la congregación, sino el Pequeño Cottolengo.
A estos y otros puntos de controversia, el
abogado representante de la Ópera respondió en detalle y con pruebas en la
mano. La sustitución de los proponentes no fue ilegal, como lo permitía el
artículo 155 del Código de Procedimiento Civil; además, se había hecho de la
forma correcta, ante notario público acreditado y en el momento oportuno, es
decir, el 19 de octubre de 1992. Además, el nuevo proponente, que es el Piccolo
Cottolengo, tenía todas las credenciales para proponer la acción. A estos, el
co-accionista, que es Piccola Opera, les había cedido todos los derechos,
acciones y obligaciones que tenía. Los familiares de las víctimas habían hecho
lo propio con un único documento autenticado ante el Cónsul de Venezuela en
Milán y luego transmitido al Notario Público de Barquisimeto. La transmisión de
derechos, acciones, etc.estaba en perfecta consonancia con los diversos
artículos pertinentes del Código Civil.
Pasamos a la segunda excepción, relativa al
plazo de prescripción de la causa, que ahora, según la defensa, ya no vencía el
11 de febrero sino dieciocho días, ya que la acción se había tomado el 13 de
noviembre de 1993. La acción fue tomada el 13 de noviembre de 1993. El abogado
acreditó fácilmente que los documentos, debidamente registrados, habían sido
presentados el 21 de octubre anterior, por lo tanto dentro del plazo
establecido.
Además, las objeciones de la defensa fueron
presentadas de manera confusa, genérica e indiscriminada, mientras que el
reglamento del Procedimiento exigía que las objeciones se hicieran con la mayor
claridad, de manera expresa y concisa, distinguiendo los hechos objetados de
los admitidos. Parece que la compañía de seguros de los demandados, Seguros
Anauco CA, no había limitado su responsabilidad a los resultados del juicio,
pero estaba dispuesta a compensar todas las solicitudes de los clientes. Así,
los alumnos podrían compensar a los heridos.
Llegó al punto más extraño disputado por los
acusados: en su Scritto di Contesta, afirmaron que la culpa del accidente se
debió a la “prudencia de los conductores”. de los dos coches. Esta objeción
surgió en parte de la sentencia del caso penal, arriba, que no había asignado
responsabilidad a ninguna de las partes. Además, el artículo 21 de la Ley de
Tránsito Terrestre. dice: “En caso de colisión vehicular se asume, salvo
evidencia en contrario, que los conductores tienen la misma responsabilidad por
los daños causados.
Sin embargo, el abogado Castaldo observó que si
bien el Juez de lo Penal no se había pronunciado sobre la responsabilidad de
uno o todos los conductores involucrados en el fatal accidente, esto no
significaba que el conductor del camión estuviera exento de culpa. Luego, el
abogado continuó su acusación describiendo en detalle el lugar, la forma y el
momento del accidente. El lugar era el km 4 de la “Autopista RÃ © gional del
Centro”, tramo Caracas - Valencia, al inicio de la subida del Tazòn, en el
puente sobre Imau. La superficie de la carretera estaba asfaltada y seca;
obviamente, siendo alrededor de las 11 de la noche, estaba oscuro. De las
huellas dejadas en la superficie y de la dirección de la carga caída se veía
que el camión, un Pegaso con matrícula 770-MAN, impedía la salida de Valencia y
se desplazaba en dirección a Caracas;desde el carril central de la calzada va
"abruptamente" ?? hacia el muro central, choca con él, irrumpe en el
carril opuesto y choca primero con el Fiat Uno que viaja por el carril más
rápido, y luego con el taxi, un Dodge, placa ALQUILER 138-453, empujándolo
desde el carril central y haciéndolo caer al barranco; finalmente el camión se
derrama sobre la carretera, bloqueándola.
De un comunicado de un funcionario, Josà ©
Jesús Trujillo, frente al juzgado de lo penal se supo que â € œEl accidente
habÃa ocurrido en una curva, que habÃa poca visibilidad y mucha oscuridadâ €.
Sobre este punto, mediante testigos, la
acusación corrigió que se trataba de una curva "suave", el cielo
estaba despejado y la visibilidad normal por una noche, el camino seco y bien
asfaltado. Incluso los periódicos, en el momento del accidente (los periodistas
fueron de los primeros en acudir al lugar de los hechos) habían notado estos
detalles.
Además de los frenos defectuosos, el camión
llevaba una carga excesiva: según un colega del conductor, un tal Rafael
Torrealba, el camión transportaba 600 sacos de patatas, cada uno con un peso de
unos 60 kg. Hablando de los frenos, hubo otra gran dificultad para demostrar
que eran imperfectos. La defensa presentó una factura emitida por una firma,
Frenos Eléctricos, “Superfren C.A”, que decía que los frenos habían sido
revisados recientemente. Pero no se trataba de frenos convencionales, es
decir que actúan sobre las ruedas, sino de un sistema que frena el motor en
caso de una bajada. Además, un testigo manifestó que el hijo del conductor le
había confiado que su padre, al igual que otros conductores, conocía el estado
de los frenos y tenía la intención, una vez que llegara a Caracas, de que se
los arreglaran. Además, incluso los neumáticos tuvieron que cambiarse, de
hecho,según un testigo, el propietario, Miguel Armas Castañeda y su hermano
Benigno, habían obligado al conductor a realizar el trayecto, el último para
él.
Evidentemente, como ya se informó en la prensa,
el conductor había perdido el control del vehículo cuando los frenos no
respondieron y la sobrecarga agravó la situación. Por tanto, la afirmación de
los tribunales penales de que parecía no tener en cuenta el estado de los frenos
era totalmente infundada.
Un último aspecto desafortunado del caso fue
determinar el lucro cesante. La defensa argumentó que la ganancia perdida era
una cantidad "leve". La acusación se dispuso a demostrar que, siendo
el superior general y el otro el ecónomo general, su función dentro de la
congregación era comparable a la de presidente de una empresa o empresa
internacional. La Obra pequeña tiene casas e instituciones en casi todos los
continentes, atendiendo a miles y miles de personas, alumnos, enfermos,
ancianos, pobres, etc. Los imputados, representados por el Dr. Omar García
Valentiner, se vieron obligados a admitir la veracidad de este estado de cosas
y que el beneficio anual derivado del trabajo de los dos sacerdotes a favor de
los pobres, discapacitados y asistidos fue cercano a los $ 500.000,00. También
hubo daño moral,ya que los dos fallecidos dieron impulso a la obra en todos sus
aspectos en diversas partes del mundo y en la propia Venezuela. Ahora, además,
había que buscar un nuevo superior y un nuevo ecónomo, con todo el gasto, el
tiempo y el esfuerzo que suponía un nuevo capítulo general. De hecho, se
testificó, la función del general era promover, estimular e iniciar obras de
carácter social y religioso en todo el mundo, para tomar decisiones sobre
nuevas obras. Lo mismo se aplica al oficio de Don Angelo Riva. Se señaló que un
sucesor de Don Masiero habría tenido una formación equivalente y, por tanto,
larga y costosa; de hecho, Don Masiero tenía habilidades poco comunes, conocía
bien muchos idiomas, como inglés, francés y español, además del italiano. Como
un jefe de cualquier negocio,el general debe tener habilidades intelectuales
superiores, poco comunes, adquiridas con muchos años de práctica en
responsabilidades como provincial, a un costo de $ 25,000 al mes.
Nuevamente, la defensa intentó otra estrategia,
afirmando que los empleados de Fiat Uno estaban cansados, ya que habían salido
del aeropuerto a última hora de la tarde, subiendo a la ciudad y transitando
por un camino desconocido para ellos; mientras que si hubiera sido un conductor
descansado, familiarizado con la carretera, podría haber evitado la colisión.
Se respondió que el camión no solo chocó y aplastó al Fiat Uno sino también al
taxi que conducía un ciudadano venezolano, experto en el arte de conducir, que
conocía muy bien el camino: la trágica verdad era que hasta un taxista había
perdió la vida, porque el camión había golpeado los dos coches como "un
rayo, con tanta violencia que era imposible escapar".
Por otro lado, los dos, Don Masiero y Don Riva
también eran conductores competentes, habían estado al volante en varios países
del mundo, tenían carnet de conducir internacional y ya habían viajado varias
veces por las carreteras venezolanas, incluso alrededor de Barquisimeto y,
después de todo, esa noche no conducían.
El abogado concluyó su acusación citando el
artículo 42 del Código Civil de Venezuela que dice, entre otras cosas, “en los
casos en que no exista una disposición específica de la ley, las disposiciones
que regulen casos similares”. y lo aplicó a una congregación religiosa
equiparándolo a la Familia Natural. Un religioso, a través de los votos
evangélicos, se convierte en miembro de esa familia y su actividad espiritual,
intelectual y material es en beneficio de los cohermanos; su pérdida, como la
de un padre de familia, causa graves daños a los miembros.
Por lo tanto, es correcto pedir una
indemnización adecuada: al afirmar que el código civil venezolano es similar al
italiano, por lo que un tribunal de Turín había decidido que una entidad religiosa
como persona jurídica podía pedir una indemnización, finalizó diciendo que el
mismo principio podría y debería haberse aplicado en este caso.
A pesar de la evidencia de culpabilidad o al
menos de negligencia grave por parte de la empresa, el tribunal encontró
difícil pronunciarse sobre la culpabilidad. Así, el 20 de diciembre de 1994, el
dueño de la empresa, Miguel Armas Castañeda, fue atendido “en este acto”. por
el dr. Nepotali Gutierrez Gutierrez, presentado al juzgado “Civil, Mercantil y
del Tránsito” ?? del área metropolitana de Caracas un escrito en respuesta a
la sentencia dictada el 27 de octubre de 1993 por el mismo Juzgado y la
celebrada en Barquisimeto el 30 de noviembre de 1993 en la que se recomendaba un
acuerdo entre las dos partes.
Se propuso poner fin a los dos juicios civiles,
el de Caracas por la muerte de Don Masiero y Don Riva, y el de Barquisimeto por
la muerte de Don Italo Saran y el joven Rafael. Si se aceptaba la propuesta,
los demandados, con la intención de poner fin a ambos casos, ofrecían a los
demandantes la suma de catorce millones de bolívares, como indemnización única
e irrepetible por todas las denuncias. Los demandantes "declaran aceptar
la suma ofrecida y recibirla con esta misma escritura en forma de tres cheques
bancarios a favor de la" Asociación Civil Cottolengo Don Orione ".
Con la implementación de este acuerdo, los
demandados y los demandantes declaran que no habrá más denuncias por uno o
todos los hechos narrados en el “Libelo de Demanda”, y los vehículos incautados
serán devueltos al propietario. Los imputados y los demandantes también se
comprometen a renunciar a cualquier derecho o acción, civil o penal, que
pudiera derivarse de los juicios o denuncias hasta el momento interpuestos.
Finalmente, las dos partes acuerdan que cada una correrá con los gastos en que
incurra en el caso así como con los honorarios de sus respectivos
representantes legales.
La firma del convenio del 20 de diciembre de
1994 fue comunicada al superior general por el provincial de España, de quien
dependen las obras orioninas de Venezuela, P. Fermín Fernnadez, en carta del 25
de enero de 1995. Dice, entre otros cosas: â € œEsto no es lo que esperábamos,
pero dado el estado de la ley en Venezuela, era mejor cerrar, porque si el propietario
se declaraba insolvente, la acción legal durarÃa otros cinco o seis aà ± os,
nosotros mismos si hubieran sido cuestionados por haber solicitado la
incautación de algunos camiones ya vendidos ilegalmente a otras empresas, los
honorarios de los abogados habrían sido sustanciales y el único resultado
habría sido una prisión de corta duración para el propietario; no habría habido
compensación pecuniaria ”.
Además, prosiguió la carta, se había probado la
total inocencia de los padres, que era lo más importante. “Aceptamos entonces
la oferta de catorce millones de bolívares, de los cuales poco más de dos y
medio fueron para los abogados de Caracas y Barquisimeto”. 170 bolívares
corresponden (en 1995) a un dólar estadounidense. Don Roberto Simionato comunicó
la noticia a los familiares de los padres, señalando que, luego de descontar la
suma para los abogados, la congregación se quedó en 11.286,00 bs,
aproximadamente 106.221.174 liras. —Claro —observó— que esta suma no compensará
en lo más mínimo la pérdida irreparable del queridísimo don Giuseppe (Masiero),
don Angelo (Riva) don Italo (Saran) y Rafael Villanueva. Destinar la mencionada
suma al Piccolo Cottolengo de Barquisimeto y al Hogar Niños Impedidos,Creo que
es una forma más de honrar la memoria de los queridos Don Giuseppe y Don Angelo
que dieron su vida en Venezuela ”.
[1] Fundada en el siglo XVI, la capital del
estado Lara, con 1.200.000 habitantes, se encuentra a 363 kilómetros al oeste
de Caracas y es la cuarta ciudad más poblada de Venezuela.
[2] Fue el quinto sucesor de Don Orione, fue
elegido general el 13 de mayo de 1987.
[3] Nacido en Inverigo, provincia de Como, el 6
de octubre de 1931, obtuvo el título de maestro y cursó estudios teológicos en
la Universidad de Letrán. Ordenado sacerdote el 18 de abril de 1960, fue
elegido tesorero general de la obra en 1981, cargo renovado en el capítulo de
1987.
[4] Nació en Milán, murió en Caracas en 1991, a
los 58 años, 39 de profesión y 11 de sacerdocio.
[5] Nació en Barquisimeto, murió en Caracas en
1991, a los 24 años de edad; él y toda su familia eran muy cercanos y
partidarios de la obra orionina en sus inicios en Venezuela.
[6] Por ejemplo, el costo de un nuevo capítulo
general.
